SI HABLAMOS DE DERECHOS, HABLEMOS DEL ABORTO

Con mucha resignación, he sido testigo de los sucesos recientes que han puesto de nuevo sobre el tapete la polémica sobre el aborto. Un debate que creía superado desde hacía tiempo, pero parece que las facciones más retrógradas de este país (“que no se dice este país, que se dice España”) no dan tregua ni son capaces de aceptar los cambios sociales, cuando son los primeros que se llenan la boca con la palabra “democracia”, desconociendo realmente el valor de su significado, y son capaces de levantar el dedo acusador contra cualquiera que no siga las normas de su dudosa moralidad.
La próxima celebración del 8 de Marzo (Día Internacional de la Mujer), el movimiento feminista saldrá a la calle como cada año, de forma unitaria. Hay muchas probabilidades de que nos veamos obligadas a reivindicar de nuevo el derecho democrático de las mujeres al aborto, el derecho a poder hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana, a protestar contra los tutelajes del Estado o cualquier otra institución (pública o privada) que nos cuestione el derecho a decidir. Siento que en gran parte es un paso atrás. Las feministas de los 80, -tengo la gran suerte de conocer a algunas de ellas-, lucharon con fuerza y entereza por la consecución de este derecho y para que las generaciones siguientes lo tuviéramos un poco más fácil para ganar en autonomía. Posiblemente uno de los grandes triunfos de la revolución feminista (aun inacabada, por supuesto) es la de reconocernos con derechos sexuales y reproductivos, es decir, nuestro poder sobre el control de la natalidad gracias a los anticonceptivos, el derecho al aborto y el rechazo a la idea de “aceptar los hijos que Dios te dé”.
La despenalización del aborto llegó al país en 1985 bajo una ley insuficiente con tres supuestos. Aunque muchas mujeres, de clases más pudientes, podían costearse el viaje a otras ciudades, como Londres, la más popular, para practicarse abortos y librarse del estigma que conllevaba ser madre soltera o bien, simplemente, tener la posibilidad de planificar el número de hijos que deseaba la familia.
Los tres supuestos de la ley española se basan en el derecho al aborto en caso de riesgo psicológico o físico para la mujer, desde un punto de vista de la salud integral de las personas. Para este supuesto no existe ningún plazo, esto es, los abortos de siete u ocho meses, como han denunciado algunas organizaciones antiabortistas, serían completamente legales. En este supuesto entrarían aquellas situaciones en que las mujeres no se ven con fuerzas, por los motivos que sean (pienso por qué a veces nos sentimos con el derecho a juzgar) a afrontar un embarazo y tener un hijo.
Los otros dos supuestos hacen referencia a los casos de violación y de malformación del feto. Para estos dos casos sí hay un plazo al que deben regirse las madres, que se sitúa en unas 24 semanas. Fuera de estos tres supuestos, el aborto continúa siendo un delito, claro, un delito que sólo cometen mujeres, ya que no sería la primera vez que un hombre denuncia a su ex pareja por el deseo (o necesidad) de ella de abortar.
Es increíble que si este país es tan democrático como claman los dirigentes políticos de los dos partidos mayoritarios, los centros sanitarios públicos no se encarguen de efectuar este tipo de abortos, sino que prácticamente en su totalidad son realizados en las clínicas privadas. Los médicos de la sanidad pública se atienen a, bajo mi punto de vista, una mal denominada objeción de conciencia. Al igual que en algunas farmacias no puedes comprar métodos anticonceptivos por el mismo motivo. Las autoridades de cada comunidad autónoma tampoco piensan en cambiar esta situación: tiene su origen en la agresiva campaña de presión que la Iglesia católica (con la iglesia hemos topado, otra vez) y otros grupos ultraconservadores llevaron a cabo cuando se aprobó la despenalización bajo los tres supuestos antes expuestos. De hecho, cada 28 de Diciembre, “conmemorando” el día de los santos inocentes, estos grupos agreden las infraestructuras de las clínicas e increpan a sus profesionales y a las mujeres que acuden ese día a ejercer su derecho al aborto.
Durante la semana pasada (del 8 al 12 de Enero), vivimos unos días en que el aborto apenas se practicó. Las mayoría de las clínicas privadas realizaron una huelga reclamando que cese el “acoso sistemático” contra ellas y pidiendo que terminen las “inspecciones abusivas” a las que están siendo sometidas. Hace más de un mes, la Comunidad de Madrid cerró dos clínicas por supuestas irregularidades administrativas, al igual que ha ocurrido con unos cuantos centros catalanes. Las clínicas madrileñas tuvieron una media de seis inspecciones en 2007 frente a las dos del año anterior. Y en las últimas semanas varios trabajadores de estos centros han sido agredidos y las sedes de dos clínicas han recibido ataques de activistas antiabortistas.
Seguramente, la solución a la mayor parte de los problemas sea, como para casi todo, educación. Educación sexual y reproductiva que incluya campañas de información sobre métodos anticonceptivos y su correcto uso; a la vez que facilitar el acceso, ya que las píldoras anticonceptivas y el anillo vaginal, por poner un ejemplo, no entran dentro de los medicamentos que dispensa la Seguridad Social y suelen resultar caros. Lo mismo ocurre con la píldora poscoital, que suele ser más demandada los fines de semana, cuando los jóvenes tienen más relaciones sexuales, y los centros a los que pueden acudir están cerrados.
En fin… aunque intento ser optimista y pensar que estas organizaciones que pretenden negar derechos, en este caso concreto, a las mujeres, no son muy numerosas, me crea una gran incomodidad esta campaña de miedo. Y que ante ella, el Presidente del Gobierno opine que no hay una demanda social para cambiar la despenalización del aborto y que no esté entre sus prioridades proporcionar a la población el derecho a un aborto libre, gratuito y realizado también en la red sanitaria pública.
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